El periodista Domingo Berigûete se constituyó en actor civil a través de sus abogados Teobaldo Durán y Manuel Sierra someter a la justicia a la justicia por amenaza de muerte al Jhonny Dauhajre, padre de Michael Dauhajre, quien admitió en el Primer Tribunal Colegiado realizar negocio para Figueroa Agosto.
Los epítetos de los alabarderos por Dauhajre llegaron hasta los directivos del diario digital, que no se doblegó para publicar la información, que por influencia de Dauhajre fue mutilada en otros medios.
“No tengo nada personal contra ese señor y su hijo, a los cuales ni conozco. La información que publique estuvo fundamentada en los interrogatorios que le fueron practicado a Michael Dauhajre”, narró Beriguete.
Lamentó que un propietario de un medio de comunicación se haya convertido en un “cercenador”de la libertad de información, solo porque una información no le sea favorable.
El reportero advirtió que no se dejará amedrentar por nada ni nadie y que seguirá publicando todos los temas judiciales noticioso, siempre apegado a la verdad y la imparcialidad.
En la instancia el querellante responsabiliza al señor Johnny Dauhajre de cualquier cosa que le pueda suceder a él y a su familia.
La querella fue incoada por los abogados Durán y Sierra en el departamento de Denuncias y Querella de la Fiscalía, que dirige el magistrado Eddy Alcántara.
El primero de junio, fecha en que depuso como testigo a cargo Michael Dauhajre, el señor Johnny Dauhajre aprovechó un receso para preguntar a los demás reporteros que quien era Beriguete y dijo “El fue quien escribió que mi hijo fue el delator, no lo mato de dichoso”.
El periodista recordó que no es por su culpa que su hijo fue enviado a vivir a Miami, sino porque apareció en la “lista negra” de los presuntos sicarios de Figueroa Agosto.
Los abogados del querellante Teobaldo Durán y Manuel Sierra explicaron que en el caso están dado todos los elementos constitutivos que tipifican el amenaza, de conformidad con los artículos 307 y 308 del Código Penal Dominicano.
Dauhajre está siendo de mandado por 3 millones de pesos por los daños y perjuicio ocasionados al querellante.
El artículo 307 establece que siempre que la amenaza se haga verbal y que se exija una condición, la pena será de seis s a un año de prisión.
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