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martes, 5 de agosto de 2014


Quitan cobertura de seguridad social cuando cesa vida laboral

Esta es la injusticia más grande del sistema dominicano

POR LLENNIS JIMÉNEZ


El Centro Bonó  cuestiona que la República Dominicana permanezca con una inversión pública en salud por debajo del 2% del Producto Interno Bruto, entre las inferiores de la región  y la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Dominicana de Religiosos/as (CONDOR) plantea la necesidad de que el Gobierno destine el 5% del PIB   a la cobertura médica y la seguridad social.

Los cuestionamientos al sistema de salud del país fueron presentados en el Análisis de Coyuntura “Salud y Seguridad Social. Negocios o Derecho Ciudadano del espacio de acción y  reflexión del Bono.

Chanel Rosa, especialista en Seguridad Social y Salud; Pepe Catro, presidente de Instituto Nacional de la Salud (Insalud) y activista de los derechos de la salud y Bienvenido Cuevas, representante de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), presentaron el análisis de coyuntura, que critica que más del 43% de la población dominicana no cuenta con un seguro médico.


Plantearon que solo menos del 50% de los afiliados al sistema de pensiones tendría garantizado el acceso a una pensión, llegado el momento de su retiro laboral.

 El desolador panorama del sistema de salud atribuye a la baja inversión del Estado la culpa de que la mortalidad infantil sea de 29,6 por cada mil nacidos vivos, por encima del promedio de la región, que es de 21,8.

La evaluación de los especialistas en salud muestra la condición de los dominicanos a 13 años de la entrada en vigencia de la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social y la promulgación de la Ley 42-01, sobre el Seguro General de Salud.

Visión de expertos 

Los analistas recomiendan a la ciudadanía a los miembros de las organizaciones participantes en el Anaísis de Coyuntura, “articularse para aunar esfuerzos que ayuden a impulsar una transformación profunda y equitativa de los sistemas de salud y de seguridad social”.

Censuraron la insatisfacción de la población con los servicio de los centros de salud privados (ARS y APF), pese a que les pagan las diferencia del dinero que reclaman por la atención médica, aportándoles recursos suplementarios que alcanza los RD$700 millones al mes.